Minería ilegal: ¿Cómo impacta en el desarrollo económico del Perú?

La minería formal tiene un gran impacto positivo en la productividad de nuestro país, por eso es uno de los sectores económicos más importantes. De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), a nivel nacional, es una actividad que genera grandes ingresos fiscales por impuestos y regalías mineras, además de crear puestos de trabajo directos e indirectos.

A nivel regional, esta actividad garantiza la transferencia de canon minero y la promoción de sus recursos. Asimismo, contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias asentadas en las localidades donde se desarrolla la minería al incrementar sus ingresos económicos.

Aun así, en el Perú existen entre 300 a 500 mil personas dedicadas a la minería ilegal e informal, según el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). Esta situación está presente en todas las regiones del país y en aproximadamente 25 millones de hectáreas del territorio nacional.

Se entiende como minería ilegal a toda actividad minera ejercida en zonas prohibidas y que afecta al medio ambiente y ocasiona inseguridad y criminalidad en las zonas donde opera.

Entre las razones de la prevalencia de la minería ilegal en el país se encuentran la informalidad presente en todos nuestros sectores económicos, la histórica dificultad del Estado para hacer cumplir la ley y las escasas oportunidades de trabajo en las zonas rurales; de acuerdo con la publicación “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, elaborada por CHS Alternativo en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer y USAID.

Impacto económico de la minería ilegal

La minería ilegal pone en riesgo al medioambiente, la salud y seguridad de la ciudadanía; pero también a los ingresos económicos de todo el país. Por ser una actividad económica ilegal, según el libro “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, esta minería mueve más de 6 000 millones de dólares al año.

Esta pérdida de ingresos en un sector económico tan importante produce un debilitamiento de la posición económica del Perú que se refleja en la reducción del ahorro fiscal y una menor fortaleza para enfrentar nuevas crisis; así como en la reducción de dinero destinado a otros sectores, menos posibilidades de realizar obras públicas que beneficien a la ciudadanía y una menor cantidad de puestos de trabajo digno.